La intendente de San Guillermo, Romina López, presentó dos proyectos de ordenanza ante el Concejo Deliberante, con el objetivo de implementar controles de alcoholemia y sustancias al personal municipal y autorizar un convenio de pago por una deuda previsional.

La primera iniciativa establece un procedimiento para realizar controles sorpresivos y aleatorios de alcoholemia y drogas al momento del ingreso al trabajo. La medida alcanzará tanto a los empleados municipales como a los funcionarios del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

López explicó que la ordenanza contempla cómo se tomarán las muestras y qué procedimiento se aplicará en caso de resultados positivos, negativos o de negativa a realizarse el control. Según indicó, la propuesta fue elaborada con asesoramiento legal y ya fue comunicada al gremio municipal.

La mandataria señaló que la medida apunta a reforzar la seguridad, especialmente en las tareas que requieren la conducción de vehículos municipales, y que comenzará a aplicarse una vez aprobada por el Concejo.

Una deuda de $12,6 millones con la Caja de Jubilaciones

El segundo proyecto solicita autorización para firmar un convenio de pago con la Caja de Jubilaciones, por una deuda de $12.600.000 correspondiente a obligaciones hasta 2025 inclusive. El acuerdo prevé seis cuotas de aproximadamente $2,1 millones, que serán descontadas de la coparticipación municipal.

La intendente explicó que la deuda surgió por errores en la liquidación de sueldos y aportes previsionales realizados por una persona que estaba a cargo del área de Personal.

Tras recibir una intimación de la Caja, el municipio inició un sumario administrativo y contrató un estudio contable para realizar una auditoría.

Según detalló López, el informe confirmó que los aportes correspondientes a 2025 fueron liquidados incorrectamente, por lo que el municipio reconoció la deuda y acordó un plan de pago. La investigación administrativa continúa y deberá determinar las responsabilidades y eventuales sanciones.

Por otra parte, la auditoría detectó que durante febrero y marzo de 2026 el municipio habría realizado pagos en exceso por unos $16 millones. Actualmente, la administración está gestionando ante la Caja de Jubilaciones el reconocimiento de ese saldo a favor, que eventualmente podría compensarse con la deuda anterior.

López aclaró que la solicitud de autorización al Concejo no implica un reconocimiento sin fundamentos, sino que responde a los resultados de la auditoría contable.

Además, indicó que tanto el gremio como los empleados municipales fueron informados sobre la situación y que se les pidió revisar sus recibos de sueldo para detectar posibles irregularidades.