El Ministerio de Educación provincial estableció pautas de actuación para las escuelas de todos los niveles y modalidades, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y resguardar a estudiantes, docentes y edificios escolares ante eventos climáticos, meteorológicos o hídricos

Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, puso en marcha un Protocolo Integral de Actuación del Sistema Educativo Provincial frente a Contingencias Climáticas, Meteorológicas, Hídricas o de Otra Índole.

La medida alcanza a establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada, y establece pautas para actuar ante situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las clases.

El ministro de Educación, José Goity, señaló que se trata de una herramienta preventiva destinada a garantizar la continuidad de la enseñanza mediante estrategias institucionales en todo el territorio provincial.

El objetivo es preservar el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias escolares cuando las condiciones climáticas dificulten o impidan la presencialidad.

Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, destacó la importancia de la planificación anticipada para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema y garantizar el derecho a aprender de los estudiantes.

La presencialidad será la regla general

El protocolo establece que, frente a una contingencia climática, la regla general será sostener las actividades escolares. Las Delegaciones Regionales de Educación tendrán la facultad de disponer, cuando sea necesario, el cese ordenado y fundamentado de las actividades.

La decisión será adoptada luego de consultar a la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a las autoridades ministeriales de cada nivel y modalidad y a las áreas gubernamentales correspondientes.

El cese podrá extenderse hasta cinco días hábiles y renovarse por otro período similar mientras persistan las condiciones que impidan el normal desarrollo de las clases. Si la situación se prolonga, se evaluarán alternativas para recuperar la presencialidad.

Cuando las condiciones no permitan desarrollar actividades en las escuelas, cada establecimiento deberá implementar su Plan Institucional de Continuidad Pedagógica, con propuestas previamente planificadas y de aplicación inmediata.

Las actividades deberán contemplar las distintas realidades de conectividad de los hogares, favorecer la autonomía de los estudiantes y garantizar el acceso equitativo a las propuestas educativas.

En las instituciones que cuentan con servicios alimentarios, las Delegaciones Regionales deberán informar la situación a la Dirección General de Seguridad Alimentaria Escolar, que deberá arbitrar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Las escuelas no serán centros de evacuación

Otro de los puntos establecidos por el protocolo es que los edificios escolares no serán utilizados como centros de evacuación, salvo en situaciones excepcionales de extrema necesidad y cuando no exista otro inmueble disponible.

En esos casos, la utilización de la escuela deberá ser autorizada mediante una norma expresa de la autoridad provincial competente en materia de protección civil y gestión de riesgos.

La disposición busca preservar los establecimientos para su función educativa y garantizar tanto la continuidad de las clases como las condiciones edilicias e higiénico-sanitarias.

Finalmente, el protocolo establece que las Delegaciones Regionales certificarán los servicios prestados por docentes y asistentes escolares afectados por un eventual cese de actividades. El cumplimiento de las tareas previstas será considerado prestación efectiva de servicio a todos los efectos administrativos, incluidos los regímenes vinculados a la asistencia, siempre que se cumplan las responsabilidades establecidas.