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28 | 04 | 2026 Provinciales

Santa Fe comienza a cobrar a responsables de amenazas a escuelas: superan los $6 millones

Santa Fe comienza a cobrar a responsables de amenazas a escuelas: superan los $6 millones

El ministro Pablo Cococcioni confirmó el inicio de notificaciones a familias de menores implicados, en un proceso que busca recuperar costos de operativos policiales y que ya proyecta reclamos por más de $250 millones

El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a establecimientos educativos, en el marco de una medida orientada al recupero de los gastos generados por los operativos de seguridad.

Según explicó el funcionario, ya se puso en marcha el procedimiento administrativo que contempla la identificación de los autores —en muchos casos menores— y la intimación a los adultos responsables para que afronten los costos. La primera notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe, donde se intimó a los padres de un menor por un monto de $6.024.944, en carácter de responsables solidarios.

Cococcioni indicó que “durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, y detalló que los notificados cuentan con un plazo de cinco días para abonar, caso contrario las actuaciones serán derivadas a la Fiscalía de Estado para su ejecución.

El ministro precisó que ya se identificaron responsables en 58 hechos, lo que involucra a más de 70 personas, y adelantó que el monto total reclamado supera los $250 millones, cifra que continuará en aumento a medida que avancen las validaciones judiciales.

Asimismo, aclaró que se trata de una indemnización civil por el daño ocasionado, y no de una sanción penal. En ese sentido, remarcó que la normativa vigente permite aplicar medidas como embargos de sueldos o inhibición de bienes en caso de incumplimiento.

Finalmente, Cococcioni explicó que los montos se calculan en base al costo real de cada operativo, incluyendo combustible, despliegue de móviles, intervención de brigadas especializadas y horas de servicio, subrayando que “no es ni un peso más ni un peso menos que lo que le cuesta al Estado cada procedimiento”.

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