El Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso iniciar acciones administrativas y judiciales contra los responsables. Los gastos por cada intervención pueden superar los 6 millones de pesos

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, firmó la Directiva N° 05/2026, mediante la cual ordenó iniciar de forma inmediata acciones administrativas y judiciales para recuperar los gastos ocasionados al Estado provincial por falsas amenazas a escuelas.

La medida instruye a la Subsecretaría Legal y Técnica a trabajar en conjunto con Fiscalía de Estado, luego de que investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitieran identificar a varios responsables, en su mayoría menores de edad. En estos casos, el reclamo económico se dirigirá a los adultos responsables.

De acuerdo a datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones, de las cuales 148 ocurrieron en los primeros cinco días. Cada operativo implicó un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, debido al despliegue de recursos humanos, logísticos y materiales.

El procedimiento se activa una vez identificados los responsables, con un proceso que incluye relevamiento, cuantificación de costos y apertura de expedientes individuales. Luego, se emite una intimación formal de pago a los adultos, quienes cuentan con un plazo determinado para cumplir. En caso de incumplimiento, se avanza con acciones judiciales que pueden derivar en mayores costos por intereses y gastos.

Desde el Gobierno provincial enfatizaron que “no se trata de bromas”, ya que cada intervención desvía recursos críticos del sistema de seguridad. Además, advirtieron que los costos pueden ser incluso superiores a los 6 millones de pesos, dependiendo de la magnitud del operativo.

Las autoridades aclararon que el reclamo no constituye una sanción penal, sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por los actos de sus hijos, independiente del proceso judicial. No obstante, recordaron que las amenazas en escuelas están tipificadas en el Código Penal.

Finalmente, se hizo un llamado a las familias a asumir un rol activo en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, subrayando la necesidad de tomar conciencia sobre la gravedad y las consecuencias reales de este tipo de conductas.