El recinto de la Cámara de Senadores fue escenario de una audiencia pública en la que legisladores provinciales y nacionales, intendentes, presidentes comunales, entidades intermedias y vecinos de distintas localidades manifestaron su profunda preocupación por el estado de la Ruta Nacional N° 34.

Durante el encuentro, coincidieron en calificar la situación como de “abandono” y reclamaron respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.

La actividad fue encabezada por el senador Felipe Michlig y su par Esteban Motta, junto a autoridades legislativas y representantes de distintos departamentos. A lo largo de la jornada, se expusieron testimonios, datos técnicos y reclamos territoriales que reflejaron el impacto del deterioro vial en la vida cotidiana y la producción regional.

En la apertura, Michlig afirmó que la traza “se ha transformado en la ruta de la muerte”, al tiempo que cuestionó la falta de inversión nacional y destacó obras impulsadas por la provincia para mejorar la seguridad. En la misma línea, Motta advirtió que la problemática se inscribe en una “crisis nacional de infraestructura vial” y pidió priorizar los corredores estratégicos.

Durante las exposiciones, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, señaló que la Ruta 34 es la más peligrosa de Santa Fe, con índices alarmantes de siniestralidad. A su vez, se remarcó que gran parte de los accidentes fatales ocurren en horario nocturno debido a la falta de iluminación y al deterioro general de la traza.

Intendentes y presidentes comunales coincidieron en que muchas localidades debieron intervenir con recursos propios para realizar mejoras mínimas, aunque advirtieron que se trata de soluciones temporales frente a un problema estructural. En ese marco, surgió la propuesta de avanzar con un amparo colectivo para exigir obras urgentes.

El cierre estuvo a cargo de la diputada nacional Gisela Scaglia, quien sostuvo que “el equilibrio fiscal es mentiroso si deja un pasivo en infraestructura” y remarcó la necesidad de buscar alternativas como la transferencia o concesión de corredores viales.

La audiencia reunió voces de toda la provincia y dejó como saldo un reclamo unificado: la urgente intervención del Estado nacional para garantizar condiciones seguras en una de las principales rutas productivas del país.