El proyecto busca unificar las normas vigentes y establecer reglas más claras para el sistema de votación. La iniciativa mantiene las PASO, incorpora cambios en campañas y fija nuevas fechas para las elecciones

El bloque de senadores del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe presentó un proyecto de Código Electoral con el objetivo de unificar en un solo cuerpo legal todas las normas que regulan el sistema de votación. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Alcides Calvo, Rubén Pirola, Osvaldo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi, quienes buscan establecer un esquema más ordenado, previsible y comprensible para la ciudadanía.

El proyecto mantiene la vigencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como instancia para la definición de candidaturas y ratifica el uso de la boleta única de papel para todas las categorías. Además, propone fijar como fecha de las elecciones generales el cuarto domingo de junio y plantea una reducción de los plazos de campaña, lo que impactaría directamente en la organización del proceso electoral.

Entre los puntos destacados, la iniciativa incorpora la ampliación de derechos políticos, incluyendo el voto para jóvenes de entre 16 y 18 años y para ciudadanos extranjeros, en línea con lo establecido por la reforma constitucional provincial de 2025. También prevé la implementación del expediente digital electoral y la simplificación de trámites administrativos vinculados a la presentación de candidaturas.

Otro eje central del proyecto es la regulación de las campañas electorales, con criterios específicos sobre publicidad, difusión de encuestas y circulación de información en entornos digitales. Asimismo, se establecen normas de conducta para precandidatos y candidatos, junto con medidas destinadas a garantizar la accesibilidad al voto para personas con discapacidad.

Desde el bloque impulsor señalaron que el objetivo es contar con “reglas claras y estables que ordenen el sistema electoral”, facilitando la comprensión de cada instancia del proceso por parte de la ciudadanía.

La propuesta se enmarca en el escenario institucional abierto tras la reforma constitucional de 2025, que introdujo cambios en la organización política de la provincia y habilitó la actualización de la legislación electoral vigente.