Tras la confirmación de la acusación por parte de la Cámara de Rafaela, los exfuncionarios Camilo Busquets, Lucas Cañete y Betiana Godoy nombraron nuevos abogados y esperan que la Oficina de Gestión Judicial integre el tribunal y fije el inicio del debate oral. Se los acusa por catorce hechos vinculados a delitos contra la administración pública

El mes pasado, el juez penal de San Cristóbal, Juan Gabriel Peral, firmó el auto de apertura a juicio contra los ex funcionarios Camilo Enzo Busquets, Lucas Sebastián Cañete y Betiana Soledad Godoy, una resolución que dejó la causa lista para el debate. Ahora sólo falta que la Oficina de Gestión Judicial defina la integración del tribunal pluripersonal y fije la fecha de inicio.

En paralelo, y ya con la acusación firme, los tres imputados dieron un paso clave: cambiaron a sus defensores. Hasta entonces asistidos por la Defensa Pública, designaron como abogados particulares a Pablo Mosconi y Rafael Juárez.

La investigación reúne catorce hechos atribuidos a la gestión municipal encabezada por Busquets, quien gobernó Ceres entre 2003 y 2019, período en el que Godoy y Cañete fueron sus exsecretarios de Hacienda.

Según la imputación del fiscal de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional Nº 5, Guillermo Loyola, se habrían cometido maniobras de malversación de caudales públicos agravada, fraude a la administración, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros delitos.

A la acusación fiscal se plegó como parte querellante el abogado santafesino Ignacio Alfonso Garrone, quien representa a la Municipalidad de Ceres, actualmente a cargo de la intendente Alejandra Dupouy, que será testigo en el juicio.

Fiscalía y querella señalan, entre los hechos más relevantes, el presunto desvío de subsidios provinciales, la falta de depósito de aportes sindicales retenidos a empleados municipales, la omisión deliberada de deudas en el informe de traspaso de gestión en 2019 y la adjudicación indebida de obras públicas.

También pesan cargos por aceptación ilegal de cargo y abuso de autoridad, a raíz de designaciones irregulares dentro del municipio.

La resolución de apertura de juicio firmada en octubre pasado incluye un extenso listado de testimoniales y pruebas documentales ofrecidas por las partes, que serán debatidas en la etapa oral. (Fuente El Litoral)